La mayoría del cuerpo electoral de la Republica Oriental del Uruguay, decidió el pasado 25 de octubre, mantener la vigencia de la llamada “Ley de caducidad de la pretensión punitiva del estado”, conocida popularmente como “Ley de impunidad” que deja libres y sin ser juzgados a policías y militares que secuestraron, torturaron, violaron y asesinaron- incluso haciendo desaparecer sus cuerpos definitivamente- a cientos de ciudadanos, durante el pasado gobierno dictatorial cívico-militar, acaecido entre los años 1973 y 1985 en este país sudamericano.

Los uruguayos ratificaron de esta manera, la decisión tomada también en las urnas, en el año 1987, cuando decidieron por mayoría aprobar la discutida ley, promovida por el gobierno entonces presidido por el Dr. Julio María Sanguinetti, del Partido Colorado.

 

Simultáneamente también, dieron su negativa a la aprobación de una ley que permitiría ejercer sus derechos ciudadanos del voto a través del sistema postal, a unos 600 mil uruguayos emigrantes, tal y como lo aceptan y promueven algunas democracias europeas, como la italiana y la española-por ejemplo-, marginando de esta forma a buena parte de una o dos generaciones de compatriotas, que debieron emigrar de su país, la gran mayoría de ellos, en busca de mejores horizontes laborales.

 

Es decir, que además del castigo primario que supone para cualquier persona, el verse conminado (por el desempleo, el hambre o el simple anhelo de reunificar el grupo familiar descuartizado por la diáspora), a abandonar su país natal, e incluso su familia, sus amigos, sus mejores o al menos más entrañables recuerdos, se les infringe también el castigo brutal de la exclusión como ciudadano, negándosele sus derechos electorales, o al menos, si bien se les mantiene habilitados en los padrones formales, privándoseles de un sistema facilitado, para que pueda efectivamente ejercer tal derecho.

 

Es decir, resumiendo, la democracia uruguaya selló el pasado domingo 25 de octubre, una de las decisiones más vergonzantes de su historia: perdonar a los militares asesinos ratificándoles su impunidad y castigar a los jóvenes emigrantes- y no tan jóvenes en muchos casos-, privándoles del derecho práctico del voto.

 

 Y para quienes hemos nacido y nos hemos formado en este maravilloso país sudamericano, para quienes hemos pasado por ambos trances injustos, el de los calabozos militares, la tortura y la prepotencia institucional de la dictadura y sus cómplices, y además hemos sido también parte de la diáspora de cientos de miles de compatriotas emigrados, esta decisión “democrática” del pueblo uruguayo, no puede dejar de resultarnos indignante, dolorosa y motivo de vergüenza ante el mundo.

 

Creemos que, también se puede ejercer la “mala praxis” en la democracia. Y este es un ejemplo contundente. Uruguay, es decir, los uruguayos, perdemos con esta decisión, autoridad ética y moral ante el concierto universal para proclamar el principio de la defensa de los derechos humanos en cualquier parte del planeta, por que mal podemos reclamar que otros sistemas castiguen, lo que nosotros “democráticamente” no estamos dispuestos- o no nos animamos- a hacer.

 

Pasadas pocas horas del conocimiento de los resultados electorales, sobrevinieron los distintos análisis, y se habló de “desinformación”, “miedo” o simple determinación de “cerrar los ojos”, no mirar más hacia atrás y como popularmente se dice en este país “lo pasado…pisado…”. Es decir, los uruguayos habrían decidido con esta acción, arrancarse de cuajo los ojos de la nuca y olvidar la barbarie que asoló al país y la miles de familias uruguayas en los años trágicos.

 

Lo extraño, lo paradójico, lo incomprensible, es que esos mismos uruguayos que promovieron en gran medida ratificar la impunidad de los genocidas , los líderes de los partidos tradicionales y conservadores que instaron a sus correligionarios a hacerlo- entre ellos el hijo del ex dictador José María Bordaberry y el ex presidente Luís Alberto Lacalle- son los primeros en salir a la palestra publica levantando sus índices acusadores apoyando a quienes en otros países, y en otras circunstancias socio políticas- claman por presuntos derechos humanos violados.

 

Poco tiempo antes de este acto electoral, la Suprema Corte de Justicia uruguaya, había dictado un histórico fallo, estableciendo la inconstitucionalidad de la “Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado”, o sea de la tristemente célebre ya, “ley de Impunidad” para los policías y militares genocidas.

 

Sin embargo, el pueblo uruguayo, que a lo largo de su joven historia independiente ha dado más de un ejemplo de valor y de dignidad cívica, ha decidido ahora, ejerciendo “libre y democráticamente” su derecho ciudadano , continuar conviviendo libremente con los asesinos, torturadores y violadores de casi una generación de hombres y mujeres de ese país, y excluir tácitamente de sus derechos cívicos a más de medio millón de hombres y mujeres, por el simple” delito” de emigrar en busca de mejores horizontes.

 

Quizás este momento, sea demasiado inmediato para sellar un juicio definitivo sobre lo que ha sucedido. Las pasiones, las lágrimas y la indignación son muchas y las heridas abiertas por los beneficiados por esta impunidad ratificada, aún siguen abiertas. Hay miles de madres, abuelas, padres y abuelos-cada vez menos por que, lamentablemente a muchas, como a la inolvidable “Tota” Quinteros, la muerte les llega antes que la justicia- hijos, hermanos y compañeros que seguirán sin comprender cómo y por qué la democracia los vuelve a castigar, por defenderla. Por eso, el verdadero juicio, el más trascendente y definitorio, lo darán las generaciones venideras, que nos analizarán con el crítico sentido de la historicidad.

 

Nosotros, en lo personal, (y aunque no nos corresponderían las generales de la ley, ya que apoyamos con nuestro voto la derogación de la ley de impunidad y la aprobación del texto que permitiría a nuestros compatriotas emigrados a votar en próximos actos electorales), a pesar de ello, repetimos, queremos pedirles perdón a nuestros mártires a los que hasta ahora no se les ha hecho justicia y a nuestros hermanos de la diáspora, a los que hemos marginado nuevamente en la ya naturalmente dolorosa marginación del exilio. Perdón decíamos, por no haber sido capaces de alcanzar el objetivo propuesto. Y por seguir a pesar de ello, empecinada y firmemente, creyendo en la democracia representativa, como herramienta legal, aún con sus debilidades y contradicciones. Fortalecerla y sacarla de sus dudas y yerros, será-deberá ser- nuestra continua y permanente militancia de vida.