El edil colorado afirmó que “entendemos que falta un marco jurídico adecuado para estas actividades y que mientras el mismo no exista son ilícitas”.
Varela también dijo que “lo lamentable es que los uruguayos nos enteramos de rebote, porque la pagina web de Presidencia de la República lo publicó por error”.
Sostuvo el curul de Vamos Uruguay que “ya hemos manifestado nuestra preocupación por el deseo del Gobierno de entrometerse en la vida íntima de los ciudadanos, este es otro botón de la muestra”.

Jueces advierten que Defensa no puede hacer pesquisas
 

Según la crónica publicada por El Observador, la compra de equipos de espionaje por parte del Ministerio de Defensa para ser utilizados por Inteligencia militar –cuya adquisición la Presidencia divulgó por equivocación- expuso públicamente al gobierno ante la evidencia de que se incorporan materiales para tareas que la ley prohíbe a los militares.
 

Jueces penales consultados por el diario capitalino señalaron que Defensa no es auxiliar de la Justicia y que la ley no lo ampara para realizar espionaje. El propio ministro de Defensa, Luis Rosadilla, y el ex ministro José Bayardi admitieron que no existe un marco legal adecuado para este tipo de investigaciones.
Presidencia divulgó en su sitio web la compra de un bloqueador de celulares, un micrófono para pared y dos relojes grabadores de voces. Según se informaba, la adquisición se realizó a una firma israelí por el mecanismo de la compra directa por lo que no es necesario realizar licitación y tuvo un costo de $ 109.680.
 

La jueza Anabella Damasco, presidenta de la Asociación de Magistrados del Uruguay, dijo a El Observador que para cualquier efecto que signifique “restricción a la libertad de movimiento, circulación y pensamiento, se necesita autorización judicial”.
Por su parte, la jueza en Crimen Organizado, Graciela Gatti, indicó que “la única manera de intervenir un teléfono es con autorización judicial”.
Gatti fue clara en señalar que fuera del marco legal “no se pueden” realizar pesquisas.
“La interceptación no autorizada judicialmente por el juez competente es un delito”, dijo.
La magistrada subrayó que la Justicia no trabaja con Inteligencia militar. “Nosotros trabajamos con la Policía, que es un auxiliar de la Justicia”, afirmó.
La ley que creó nuevas técnicas de investigación entre las que se incluye la vigilancia electrónica determina que es el fiscal quien debe solicitar al juez esas medidas, mediante resolución fundada.
 

El colmo
 

El documento de la compra del 26 de mayo fue firmado por el presidente José Mujica y el ministro de Defensa, Luis Rosadilla. Agregaba que “dadas las especiales características del citado material, la publicidad en cuanto a proveedores, cantidades y específicamente técnicas o de modelos resultaría altamente inconveniente”.
El ministro Rosadilla dijo que “haberlo colgado (de internet) es el colmo. No sé cómo colgaron eso en la página. Es una compra obviamente reservada del Estado pero a alguien se le chispoteó”.
 

“Cuando lo cuelgan, alguien cree que puede preguntar lo que vos creés que podés preguntar y yo no te voy a contestar. Vos no tenés la culpa”, respondió el ministro al ser consultado sobre el marco legal de la actuación.
“¿Qué va a regular eso? Imposible que nada regule eso. Es una actividad de Inteligencia y tienen regulado su marco. Hay un decreto que regula la Dinacie pero no hay ninguna norma de procedimientos de Inteligencia. No la hay en ninguna parte del mundo”, afirmó el ministro.
 

El jueves 2 de junio el subsecretario de Defensa, Jorge Menéndez, indicó al semanario Búsqueda que la Dinacie tiene como función central lo que se conoce como “inteligencia estratégica”, algo que no incluye operaciones policíacas, pero que de todos modos los servicios de información cumplen con base en pautas de seguridad que son las que explican la compra de los equipos.
 

Vacío legal
 

El diputado y ex ministro de Defensa José Bayardi admitió que “hay un vacío legal respecto a cómo deben y qué deben hacer los servicios en términos generales. Por eso es necesario que haya ley”.
El legislador oficialista señaló que “se impone la necesidad que en este período haya una ley marco de Inteligencia y que se está incluso discutiendo. Por un lado está el ámbito del propio Poder Ejecutivo”.
 

Con la llegada del presidente José Mujica al gobierno se nombró al tupamaro Augusto Gregori como coordinador de la Inteligencia del Estado y en el marco de esa repartición, que depende directamente del Ejecutivo, se realizan estos cambios.
A juicio de Bayardi, “la Inteligencia militar debería comprender todo lo relativo a buscar información, evaluar, recolectar análisis de información sobre temas de defensa y debe ir dirigida a preservar la soberanía”.
 

“También debería comprender la inteligencia del combate”, opinó.
“En la Inteligencia toda la parte de recolectar información puede ser hecha en forma abierta o en forma no abierta. Después habrá que ver en el marco de la ley qué se puede hacer y qué no, y qué órdenes judiciales necesitas”, dijo.
En relación a los equipamientos, Bayardi señaló que “no van a entrar un reloj a una casa sino que se instalan en lugares en los que se pretende obtener información de la fuente que vaya a ese ámbito”.
 

El ex ministro puso el ejemplo de un colaborador cuya información podrá servir, no para imputarle a nadie delitos porque está tomada sin autorización, pero sí para hacer una composición de lugar con un informante.
No obstante, otros jueces consultados que pidieron no ser identificados fueron claros en señalar que la información obtenida bajo ese régimen “es ilegal” y no podrá ser utilizada en ninguna investigación.
 

Consultado sobre en qué casos actuaron durante su gestión como ministro de Defensa, Bayardi declinó dar información por razones de confidencialidad.
En relación a los bloqueadores de celulares, una fuente del Ministerio de Defensa explicó que se pueden utilizar para minimizar riesgos en eventos como cumbres presidenciales, en el hipotético caso de que se coloque una bomba y se la haga estallar mediante un llamado a celular.
 

Tarea estratégica
 

Una fuente del Ministerio de Defensa, que pidió no ser identificada, dijo que hay compras que se hacen en forma secreta. Incluso no se llama a licitación por esa razón. “Son estratégicas. Hoy inteligencia interna la hace la Policía, para prevenir el delito común”, indicó.
En el ámbito del Ministerio de Defensa la única repartición que puede realizar investigaciones es la Divin, la Inteligencia de la Armada, que cumple funciones de policía en la zona marítima y colabora en casos de droga bajo conducción judicial.
La fuente señaló que básicamente se observan “las amenazas de los intereses nacionales”. “¿Qué pasa si mañana el ejército brasilero se acerca a la frontera? Tenemos que anticiparnos. Quien tiene la información es quien gana el partido”, indicó.