Los grupos buscan detalles de cuánta vigilancia ha realizado el FBI
desde 2005 en mezquitas y centros islámicos, así como información
sobre el reclutamiento de niños musulmanes en edad escolar para el
Programa de Agentes Junior de la oficina.

"El FBI debería concentrar sus recursos en objetivos para los cuales
cuente con hechos específicos que apoyen una razonable sospecha de
actividad criminal, en vez de usar informantes encubiertos para espiar a
personas en sus lugares de adoración", dijo a IPS la abogada responsable
de la ACLU en el oriental estado de Carolina del Norte, Julia Harumi
Mass.

"La demanda que hemos presentado procura obtener los registros,
de manera que nosotros y el público podamos evaluar si las políticas
y prácticas del FBI protegen la seguridad nacional sin socavar las
libertades civiles", señaló.

Sin embargo, el FBI asegura que no necesita contar con sospechas para
iniciar una investigación.
En una carta a los senadores Dick Dubrin y Patrick Leahy, del
gobernante Partido Demócrata, enviada el 28 de julio tras el testimonio
del director del FBI, Robert Mueller, ante la Comisión Judicial de la
cámara alta del Congreso legislativo, la agencia explicó que no estaba
obligada tener sospechas para iniciar un procedimiento de vigilancia,
según sus propias reglas operativas.

"A la inteligencia le dio un ataque de locura", dijo Shahid Buttar,
director ejecutivo del Comité para la Defensa de la Carta de Derechos
(BORDC, por sus siglas en inglés). "El FBI está diciendo que puede
iniciar una investigación sin tener una razón".

"Esto constituye un drástico paso atrás en la historia de los derechos
civiles" de Estados Unidos, sostuvo.
"El FBI admitió lo que sabíamos desde el principio, que la agencia
está autorizada a investigar sin contar con ninguna sospecha", dijo
por su parte Nura Maznavi, consejera del Programa para Combatir
la Persecución Racial y Religiosa de la organización Defensores
Musulmanes.

La ACLU, el BORDC y Defensores Musulmanes acusan al FBI de
basarse en la raza y en la religión para decidir el inicio de una pesquisa,
lo que deriva en una persecución contra árabes y musulmanes.

No obstante, Mueller le aseguró al Comité Judicial del Senado que
la raza y la religión no eran los únicos criterios para investigar a una
persona u organización.
Maznavi y Buttar acusaron al FBI de iniciar pesquisas en hogares y
sitios religiosos musulmanes denominadas "expediciones de pesca
general", en procura de datos sobre otros miembros de la comunidad.

El FBI también visita a personas en sus empleos, dijo Maznavi, y señaló
que esa práctica afectaba la reputación de las personas en su lugar de
trabajo.
La agencia además envía frecuentemente informantes a mezquitas,
indicó Maznavi, y citó dos casos destacados en los estados de California
(oeste) y Florida (sudeste). Esa práctica provoca sospechas entre los
fieles y promueve el temor en la comunidad, indicó.

La base del argumento del FBI no está clara. La Cuarta Enmienda
de la Constitución protege a los ciudadanos contra vigilancias y
confiscaciones sin una razón. Expresamente establece que las órdenes
judiciales de arresto y de embargo deberán estar respaldadas por una
causa probable.

La oficina de ACLU en Carolina del Norte fue la que realizó el
primer pedido de respuestas al FBI en marzo, amparándose en la Ley
de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés). Los
demandantes esperan persuadir a la justicia de que obligue al FBI a
divulgar los registros de inmediato.

"Esta demanda tiene que ver con la transparencia", dijo Somnath
Raj Chatterjee, abogado que trabaja en forma honoraria para las
organizaciones no gubernamentales.

En 2009 se reveló que el FBI había usado a informantes y "agentes
provocadores" (que instigan a cometer un delito) en mezquitas. La
comunidad musulmana estadounidense señaló que esta noticia enviaba
un mensaje devastador a los líderes comunitarios e imanes que habían
trabajado en forma diligente para impulsar un mayor entendimiento
entre las agencias del orden y sus comunidades.

Luego de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en
Nueva York y Washington, el Departamento de Justicia comenzó a
acorralar a árabes y musulmanes, muchas veces incluso confundiéndolos
con personas de la religión sij, de Asia meridional.

En los meses siguientes a los ataques, unas 5.000 personas fueron
detenidas sin acusación formal, la mayoría sin que se les permitiera
acceder a sus abogados o a familiares. Ninguna fue juzgada ni
sentenciada. Algunas, a quienes se les había vencido la visa o habían
cometido otras infracciones, fueron deportadas.