La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) no reconocerá las elecciones que se celebrarán el domingo en Honduras, organizadas por el régimen interino, afirmó el viernes en Bruselas el presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien exhortó a la Unión Europea (UE) a tomar la misma decisión.

"Espero que la Unión Europea" adopte la misma postura que Unasur, subrayó el dirigente ecuatoriano y presidente pro témpore de la alianza suramericana, que se encuentra de visita oficial en Bélgica.

 

"Ahora vamos a ver quién es quién, quién cree en la democracia y quién no", enfatizó el presidente.

 

Perú, miembro de Unasur, anunció sin embargo que sí reconocerá las elecciones previstas en Honduras para el 29 de noviembre.

 

La Unión Europea todavía no ha anunciado si reconocerá las elecciones del domingo, pese a no mantener contactos directos con el gobierno de facto.

 

"¿Cómo vamos a hablar de algo que todavía no ha ocurrido? No puedo especular sobre cuál será la reacción de la UE tras los comicios", declaró a la AFP Christiane Hohmann, portavoz de la comisaria europea de Relaciones Exteriores, Benita Ferrero-Waldner.

 

 

El canciller brasileño, Celso Amorin, reiteró este jueves que su gobierno no reconocerá a ningún presidente que surja de los comicios que realizará este domingo el régimen de facto que gobierna Honduras.

 

"Tal vez porque nosotros, los latinoamericanos, hemos sufrido tanto en nuestra piel los golpes militares, y sabemos que aunque muchas veces ellos son seguidos de elecciones, seguidos de algún acto civil, eso no puede legitimar los golpes. un golpe de Estado no puede ser legitimado como forma de cambio político (...) esa es nuestra visión", dijo.

 

 

En medio del mayor despliegue militar y policial que recuerda Honduras, el país se aproxima a las elecciones de mañana, rechazadas por los sectores populares y políticos democráticos.

 

 Las fuerzas armadas reforzaron la presencia de soldados en toda la nación, creciente desde el golpe de estado del 28 de junio, e incluso llamó a filas a más de cinco mil reservistas del ejército.

 

El jefe del estado mayor conjunto, general Romeo Vázquez, aseguró que incluso están listas tropas especiales para moverse con prontitud en helicópteros hacia cualquier punto del país de ser necesario el día de la votación.

 

El vocero de la policía, Orlin Cerrato, informó que ese cuerpo está intensificando sus operaciones, entre ellas los patrullajes y los retenes.

 

Lo que estamos haciendo es tener más presencia en las calles, estamos a un cien por ciento trabajando junto con las Fuerzas Armadas, dijo.

 

Los comicios son rechazados por el Frente Nacional contra el golpe de Estado, que los considera una farsa fraudulenta para validar la asonada militar que derrocó al presidente Manuel Zelaya.

 

El estadista adelantó que impugnará legalmente las elecciones, al denunciarlas como ilegales por su realización por un régimen de facto represivo que destruyó la legalidad democrática de Honduras.

 

El Frente llamó ayer a la población a mantenerse en sus viviendas desde las 06:00 hora local hasta las 18:00 de mañana y no acudir a votar para no validar la farsa de los golpistas.

 

Líderes de esa alianza de fuerzas sociales y políticas como Juan Barahona y Rafael Alegría explicaron durante una manifestación este viernes que se tratará de "un toque de queda popular".

 

Alegría precisó que la medida evitará también que los hondureños sean reprimidos por los casi 30 mil militares y policías desplegados en el país por el régimen de facto.

 

En tanto, en la norteña ciudad de San Pedro Sula, la segunda del país y su emporio industrial, las organizaciones del Frente convocaron a una marcha este domingo para expresar el repudio a los comicios.

 

Barahona aseguró que la resistencia hará patente, de formas diversas, pero pacíficas, el rechazo del pueblo a los comicios, con los cuales -denunció- la oligarquía golpista aspira a perpetuar su poder.

 

Los voceros del régimen y los medios de difusión, en su mayoría propiedad de los grupos de poder que apoyan el golpe, mantienen este sábado una intensa campaña para lograr la afluencia de los votantes a las urnas.

 

Voceros del gobierno de facto, las fuerzas armadas, la policía, el Tribunal Electoral y el Ministerio Público, advirtieron que cualquier intento de boicotear la votación será perseguido y castigado con penas de cárcel.

 

El fiscal general, Luis Alberto Rubí, dijo haber cursado instrucciones a los 530 fiscales del país para proceder contra quienes traten de boicotear el sufragio, contra los que anunció penas de cuatro años de prisión.

 

En las elecciones participan los cinco partidos reconocidos legalmente, aunque tres de ellos, incluido uno de los dos tradicionales, el Liberal, han sufrido fuertes desgajamientos internos por su complicidad con el golpe.